La Unión Europea está afectada por la crisis que a todos nos aprieta y por el protagonismo que, para superarla, han ejercido Alemania y Francia, por darse la circunstancia de ser los Estados más potentes de esta Unión. Ese protagonismo ha dado pie a pensar en el rebrote de apetencias nacionalistas de ambos países; apetencias que suelen ser insolidarias. La denuncia ha sido oportuna para evitar un retroceso. Y ha surtido efecto.
Si ahora, en estas circunstancias, Cataluña saliera de España para constituirse como nueva nación, saldría también de Europa, tanto por exigirlo la normativa vigente como por el contrasentido de su marcha. Sería absurdo salir para, a continuación, volver a pedir la entrada.
La solución del problema territorial español (hoy con Cataluña, pero propenso a extenderse a otras CC.AA.) podría solucionarse con una reforma constitucional votada por todos los españoles, inspirada en los tratados evolutivos que se ha ido dando la Unión Europea. España asumiría unas competencias básicas bien definidas y seguiría existiendo como Nación-Estado, diferente y aglutinador de unas Naciones Autónomas o Federadas, o como quieran llamarlas. Y en aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad -vigentes en la UE y adjudicados con criterios de eficiencia- cada territorio autónomo, primero, y las entidades locales, después, asumirían las restantes competencias, según su capacidad financiera y por razones de eficiencia. (Cada competencia sería asumida por quien, racionalmente, pudiera ejercerla con mejores resultados).
Este cambio tampoco agradaría a los secesionistas periféricos furibundos, pero les privaría de muchos votos de signo más moderado, haciendo inviable la separación.
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