Fui alcanzando la mayoría de edad en Vitoria, una capital de provincia que rondaba los cuarenta mil habitantes antes de la guerra. Estábamos en crisis. El paro era desolador. Las autoridades estaban entre dos fuegos: defenderse de las huelgas salvajes motivadas por reivindicaciones salariales de los pocos que trabajaban, y mantenerse firmes en la prestación de una justicia social subsidiaria, procurando aliviar el malestar de algunas familias con obras a cargo de presupuestos locales o con bolsas de socorro, comedores económicos y cosas así. Y Vitoria, por lo que contaban, no estaba entre las peores plazas.
¿Cómo se arregló aquello? A mi juicio, no se arregló. Vino la guerra y con ella la movilización forzada de mano de obra costosa en vidas, pero asalariada a la fuerza y a bajo precio en ambas zonas en lucha. Y en la posguerra, si Vitoria ofreció algunas oportunidades fue porque, al cerrarse las fronteras a toda importación, se creó la economía del sucedáneo y naturalmente surgieron empresas de poca chicha en las que se pagaba poco y se metían horas a destajo. Fueron los años del gasógeno; y también del hambre para una inmensa mayoría de españoles .
Naturalmente, se acabó el libre mercado. Todo estaba intervenido; lo mismo en el sector de la alimentación que en cualquier otro referido a economías necesitadas de materias primas controladas por decenas de organismos oficiales creados al efecto.
Si cuento esta vieja historia en nuestros días, es por una doble razón: por la plaga constatable de salarios miserables y por la oferta tendente a solucionar el problema promoviendo una reforma social intervencionista. Presten atención a los programas que se publicarán por algunos de los partidos emergentes y otros de viejo cuño.
Pero no lo olviden: a la hora de repartir pobreza, nadie como los intervencionistas, sean de derechas o de la izquierdas. Que haberlos haylos de ambas pintas.
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