Las empresas (y las grandes y medianas fortunas personales) huyen de un territorio cuando la fiscalidad sobrepasa ciertos límites.
Aunque mi opinión vale poca cosa, creo que esta huida proviene no sólo de una excesiva presión tributaria, sino que coadyuvan otros factores que también recaen sobre las empresas, como la legislación y complicada burocracia que padecemos en España.
A mi entender el sector público, alimentado por los propulsores del Estado del bienestar, ha asumido una excesiva carga y para atenderla ha tenido que recurrir a un aumento de la presión fiscal porque, como es sabido, el dinero no es lluvia que llegue del cielo. Esta presión siempre la soportan los mismos y de paso los trabajadores.
En la España, el hambre y las ganas de comer, fomentadas por los errores políticos,
hacen que la crisis nos haya llevado a un mal crónico de muy difícil solución: el paro. No sirve ya un simple retoque de la presión tributaria para eludirlo. La medicina ha de ser distinta, profunda y de efectos lentos.
El Estado y las CC.AA., Ayuntamientos, etc. han de adelgazar y traspasar muchas de sus obligaciones al sector privado para reducir muy notablemente su presión tributaria y los excesivos trámites con los que maltratan a toda iniciativa emprendedora.
Además, hará falta una nueva generación de españoles capaces de idear o ensayar con acierto alguna fórmula que concilie la prosperidad empresarial con el bienestar de los trabajadores, que no es lo mismo que el Estado del bienestar.
Tal vez haya de ensayarse un nuevo modelo de empresa: un sistema de sociedades mercantiles laborales (que jurídicamente ya existen), propiedad de los trabajadores, bajo un régimen protector oficial especialísimo.
Un régimen que les permita acogerse a una sola legislación en toda España, que les otorgue la capacidad de contratar sus seguros sociales en el sector privado y que además, les reduzca la presión fiscal en proporción equivalente, o poco menos, a la cantidad que el Estado dejara de pagar por subvenciones y otras gabelas que desaparecerían al crearse nuevos puestos de trabajo.
Para casos como éstos hay que contar con economistas y sociólogos. Pero por delante han de ir los políticos. Aunque en España hay tan pocos políticos buenos y tantos tan mediocres, tal vez por haber surgido de una mediocridad militante que espanta, que sería mejor que se fueran a casa. La verdad sea dicha, no se van; de forma que los remedios al uso consisten en chingar siempre a los mismos; a los más necesitados.
Aunque mi opinión vale poca cosa, creo que esta huida proviene no sólo de una excesiva presión tributaria, sino que coadyuvan otros factores que también recaen sobre las empresas, como la legislación y complicada burocracia que padecemos en España.
A mi entender el sector público, alimentado por los propulsores del Estado del bienestar, ha asumido una excesiva carga y para atenderla ha tenido que recurrir a un aumento de la presión fiscal porque, como es sabido, el dinero no es lluvia que llegue del cielo. Esta presión siempre la soportan los mismos y de paso los trabajadores.
En la España, el hambre y las ganas de comer, fomentadas por los errores políticos,
hacen que la crisis nos haya llevado a un mal crónico de muy difícil solución: el paro. No sirve ya un simple retoque de la presión tributaria para eludirlo. La medicina ha de ser distinta, profunda y de efectos lentos.
El Estado y las CC.AA., Ayuntamientos, etc. han de adelgazar y traspasar muchas de sus obligaciones al sector privado para reducir muy notablemente su presión tributaria y los excesivos trámites con los que maltratan a toda iniciativa emprendedora.
Además, hará falta una nueva generación de españoles capaces de idear o ensayar con acierto alguna fórmula que concilie la prosperidad empresarial con el bienestar de los trabajadores, que no es lo mismo que el Estado del bienestar.
Tal vez haya de ensayarse un nuevo modelo de empresa: un sistema de sociedades mercantiles laborales (que jurídicamente ya existen), propiedad de los trabajadores, bajo un régimen protector oficial especialísimo.
Un régimen que les permita acogerse a una sola legislación en toda España, que les otorgue la capacidad de contratar sus seguros sociales en el sector privado y que además, les reduzca la presión fiscal en proporción equivalente, o poco menos, a la cantidad que el Estado dejara de pagar por subvenciones y otras gabelas que desaparecerían al crearse nuevos puestos de trabajo.
Para casos como éstos hay que contar con economistas y sociólogos. Pero por delante han de ir los políticos. Aunque en España hay tan pocos políticos buenos y tantos tan mediocres, tal vez por haber surgido de una mediocridad militante que espanta, que sería mejor que se fueran a casa. La verdad sea dicha, no se van; de forma que los remedios al uso consisten en chingar siempre a los mismos; a los más necesitados.