La actitud del Presidente del Gobierno, ante la pretensión de los secesionistas catalanes, ha sido clara y nada enfática: "La ley no permite a una Comunidad Autónoma convocar un referéndum para decidir si quiere o no ser española. Y yo, por mi cargo, estoy obligado a cumplir y hacer cumplir la ley".
Pero - arguye más de uno - la Constitución vigente no fue votada por una mayoría de los catalanes que hoy tienen derecho al voto. Es una ley superada y caduca.
Puede ser cierto, pero tampoco han pedido su reforma siguiendo los cauces arbitrados a estos efectos en dicha Constitución. Todo sin tener en cuenta que cada vez que se convocan unas elecciones generales o autonómicas, todos los que participan en ellas - bien como electores, bien como elegibles - están de hecho validando su vigencia y su legitimidad; de otro forma, ni por asomo caerían en esa que, para ellos, sería una trampa.
Pero además -y esto es lo grave- los elegidos para el desempeño de cargos de responsabilidad en cada Comunidad Autónoma están igualmente obligados por promesa o juramento a cumplir y hacer cumplirlas leyes; y henos aquí ante un hecho irracional: son precisamente personas de consideración y muy respetables, que ejercen esos cargos de responsabilidad, quienes proponen y aprueban llevar a cabo un plan muy complejo, de constante presencia y bien a las claras, para, aun incumpliendo las leyes, conseguir la secesión de un extenso territorio y e independizarlo en el más amplio sentido del término. Por los visto, nada más legal que quebrantar una promesa o juramento.
En España somos así: o curas hasta en la sopa o sopa de curas. O la unidad de destino en lo universal para comernos el mundo por el imperio hacia Dios, o reinos de taifas donde cada uno pueda mangonear a su gusto las haciendas públicas hasta hacer las Américas sin salir de casa.
Ejemplo: los latrocinios que han estallado en importantes CC.AA. en medio de una pobreza general que clama al cielo. ¡Y luego se quejan del cirujano de hierro!
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