EL DERECHO A DIMITIR

     La investidura del hoy candidato con derecho a formar y presidir un nuevo Gobierno de España, está siendo sometida a una crítica jurídica que desde la lògica que funciona a pie de calle, es  como hablar  en solfa, es decir con poca seriedad o rigor.
     Se  nos dice por jurisperitos que la ley es la ley y que si, el Sr. Rajoy, candidato a la  presidencia de un nuevo Gobierno para  España,  por designación del Jefe del Estado, quisiera dimitir y renunciar así a esta encomienda, no podría eludir el proceso de investidura que prescribe el artículo 99 constitucional; algo así como someter al candidato, por imperativo "legal" a una tortura, a cargo de los oradores de signo opuesto al del candidato.
      ¿Por qué y para qué esa imposición? Para que el dimitido sufra una cascada de discursos en su contra y perder luego la votación de apoyo -que el interesado  ya daba por perdida-  e irse a casa con el rabo entre piernas y humillado.
     Este aserto,-ineludibles sesión de investidura-  no  convence, porque va contra la lógica que justifica el objetivo principal del artículo 99 constitucional y concordantes. La ley lo que pretende es designar un nuevo Presidente del Gobierno para cubrir  con diligencia y con acierto la vacante producida por los resultados electorales. Se trata, dentro de un sistema democrático, de llenar  un vacío atendido por un Gobierno en funciones; por un poder ejecutivo provisional.
     Según la lógica, en la ley que regula este proceso (artículo 99 y concordantes)  no se impide, ni se podría condicionar acto alguno que facilitara el proceso de relevo,  si se cumplen los demás condicionamientos democráticos.
      Si un candidato prueba que no va a poder cumplir el objetivo para el que fue propuesto -por no contar con los apoyos necesarios- cuanto antes dimita, mejor. Queda abierta así, adelantando  plazos, la posibilidad de nombrar un nuevo candidato. Se activa, por tanto,  el proceso del nombramiento, que es lo que importa.
      Ahí acaba mi razonamiento. La lógica  de cada ley enseña el objetivo a cumplir. La ley complementa y regula este propósito.
      Si alguien se empeña en evitar la dimisión de un candidato, se comportaría como el que tañe la campanilla a un sordo.  No serviría de nada. Y menos cuando la ley no niega, no impide, el ejercicio del derecho a dimitir a un candidato que demuestra que no goza de la confianza mayoritaria de la Cámara para ser nombrado jefe de un futuro Gobierno.
      Además, en el caso  concreto que puede darse,  es muy difícil hacerle pasar al Sr. Rajoy bajo las horcas caudinas de una investidura adversa, si él no quiere.
      Ahora bien, cuando los políticos pìerden el tiempo en fruslerías como ésta, ni amasanos ni cocemos, que decían nuestras abuelas.
       ¡Eso si que es perder el tiempo!  Y el dinero.