Es muy difícil, siguiendo las huellas de lo que ocurre en España, evadirse del tema catalán. Y más todavía cuando estamos asistiendo como testigos de primera fila, a una serie de actos de rebeldía contra el Gobierno de la Nación por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Lo asombroso del caso es que el Gobierno de España (poder ejecutivo) parece haber renunciado a ejercer sus competencias y, a cambio, opta por confiar al poder judicial la solución del problema.
Se da una paradójica situación en la que -aunque parezca mentira- los pájaros tiran contra las escopetas. Los rebeldes secesionistas catalanes también van al juzgado para poner al Gobierno de la Nación en su sitio, ya que - según su criterio - está haciendo tabla rasa de una serie de principios fundamentales, empezando por el de la libertad de expresión.
Y otra paradoja más: Es indudable a estas alturas que el Gobierno de la C.A. de Cataluña, está actuado de forma "que atenta gravemente al interés general" en este caso de España y de la inmensa mayoría de españoles (artículo 155 de la Constitución). Estamos cansados de oír al Presidente del Gobierno de España que, como tal, está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes. Y el artículo 155 es ley.
¿A qué espera? Les diré: El Artículo 155 Constitucional, que permite al Gobierno dejar fuera de juego a las instituciones autonómicas catalanas por estar haciendo de su capa un sayo en perjuicio de los intereses generales, reza que ese Gobierno, el de España, "podrá adoptar las medidas necesarias" para evitar el mal. O sea, que es un recurso optativo: "podrá".
Entonces ,¿qué? Entonces, ¡nada! . Lo probable es que no se utilice ese recurso, que el mal se consume y sea más crónico y grave de lo que ya lo es. Un paso más, por otro lado, hacia la liquidación de un partido que pierde votos a esgalla.
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