Las Constitución española, en su artº. 67 - 2, dispone que "los miembros de las Cortes españolas no estarán ligados por el mandato imperativo". Esto no impide que suceda todo lo contrario. Pasó, sin ir más lejos, ayer en el Parlamento al votarse la Ley orgánica que legitima la abdicación real. El voto respondió en todos los grupos a un mandato previamente convenido que, traducido al lenguaje jurídico, resultó ser imperativo.
Me atrae reparar en estos pormenores que la clientela política asume con la naturalidad del que está acostumbrado a que el pueblo comulgue con ruedas de molino.
La democracia participativa, descubierta como novedad por grupos políticos con ganas de medrar rápidamente sobre el supuesto de que la plebe es lista y está bien preparada, es tan vieja como la pana. Esencialmente consiste en que una asamblea popular que es soberana, vota una propuesta, y su representante (el diputado, o senador o apoderado) está obligado a votar en el mismo sentido en la cámara correspondiente y a defender ese voto a ultranza.
Esto ya lo hacían los procuradores de hermandad de Álava en tiempos de Maricastaña, y me extraña que los nacionalistas vascos -que basan su razón de ser en la "ley vieja"- no lo hayan puesto en práctica en las instituciones donde gobiernan.
Como soy uno de esos viejos pervertidos que saben eso de "puesta la ley, puesta la trampa" siento que los nuevos, como los antiguos, lo que quieren es poder; luego harán lo que les convenga, diciéndonos -eso sí- lo listos que somos, etc. y que al pueblo no se le engaña... Así le meten los goles por debajo de la bragueta.
No pasa nada. ¿O sí?
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