Cuando uno ve el problema que tienen los miles de personas (y digo "los miles" y no "las miles de personas", una incorrección en boga gracias a los noticieros hablados) que padecen la hepatitis C, da vergüenza pertenecer al género humano.
Y da vergüenza por dos razones: la primera porque, como parece demostrado, los que tienen en su mano la distribución y venta del fármaco curativo, lo han puesto a un precio prohibitivo, cien veces superior a su coste real, y han convertido la desgracia ajena en un proceso especulativo impropio de un estado de necesidad; la segunda, porque los partidos políticos, en lugar de aplicar unidos sus deseos y su dedicación a resolver la desgracia, aprovechan el problema para, atacando al Gobierno, sacar de esta circunstancia el mayor rendimiento electoral posible.
Ambas realidades no dejan de ser una corrupción y ahí es donde está en juego la dignidad de las personas.
No quiero decir con ésto que el Gobierno carezca de responsabilidades. Está, ahí donde está, para ser un buen gestor de la vida y milagros de sus administrados y a la vez contribuyentes; y cuando el problema desborda los límites normales -como es el caso- hay que saber reconocerlo y plantearlo con toda su crudeza a los demás partidos políticos y a todos esos contribuyentes en busca de apoyos y soluciones. Porque no es ninguna broma jugar con las esperanzas de curación de más de cuarenta mil enfermos. Si en algún momento debemos ir unidos es ante una desgracia tan generalizada.
Pero uno es un simple opinante y en España, o cobras por serlo, o solo te dan cancha cuando eres un gilipollas útil para el insulto o para remover la basura. Y la curación de la hepatitis C, por desgracia, también tiene un precio.
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