Como se trata de un tema al que vengo dando importancia desde hace años, quiero coincidir en el hecho expuesto, pero voy a explayarme:
Empecemos porque pocos reconocen que en tierras españolas, habitadas por españoles, no se viven idénticos problemas ni bajo iguales características ni en las mismas circunstancias. Y tampoco en Vasconia, que al fin y al cabo, en parte, sigue siendo España.
Por ejemplo, la agricultura de Álava se diferencia o es distinta que las de Guipúzcoa y Vizcaya; y no digamos cómo aumentan las distancias si comparamos las zonas marítimas del Cantábrico con las cuencas regadas en Álava por los afluentes del Ebro.
No pueden ser iguales -y empleo una expresión de Sabino de Arana y Goiri fundador del PNV- ni a tiros de cañón.
Y sin embargo, todas gozan y sufren con el mismo Estatuto: unos más y otros menos. De paso, las Diputaciones Forales, auténticas instituciones del régimen foral de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, no han sumado nuevas competencias a las que ya tenían desde tiempo inmemorial; no las han sumado desde que se aprobó el Estatuto de Guernica. Están por conseguir una mejora en su repertorio autonómico.
En ese sentido, pese a que la historia ha demostrado que las Diputaciones administraban muy bien -tanto entonces como ahora- y a menor coste, están soportando dos centralismos: el de Madrid y el de Lacua, donde tiene su sede el Gobierno Vasco. Administraban al céntimo, porque eran sobrias y no gastaban con la liberalidad de un Gobierno aspirante a que Euskadi sea un estado-nación. Este proyecto, no lo duden, resulta ser muy caro.
Visto esto que digo y otras cosas, de las que hablaré si me dejan y el tiempo no lo impide, me llevarán a extenderme en las ventajas que derivan de un régimen foral actualizado, al alcance de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos de todas las clases sociales; al fin,esta realidad solo supone defender los auténticos derechos históricos de los territorios forales, tal y como se recoge en la disposición adicional primera de la Constitución vigente.
Unos derechos que pueden basarse en los principios de proporcionalidad y subsidiariedad propios de un sistema democrático actual, justo, equitativo y deseable. Y cuando digo equitativo, hablo de la equidad íntimamente relacionada con la justicia.
Es decir, hablo de solidaridad para compensar a las autonomìas deficitarias en función de sus méritos. Lo justo y con las cuentas a cara vista.
¡Ya les diré! Porque lo de España desigual e injusta tiene remedio si se empieza por convenir, antes que exigir, un plan de cuentas claras.
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Por ejemplo, la agricultura de Álava se diferencia o es distinta que las de Guipúzcoa y Vizcaya; y no digamos cómo aumentan las distancias si comparamos las zonas marítimas del Cantábrico con las cuencas regadas en Álava por los afluentes del Ebro.
No pueden ser iguales -y empleo una expresión de Sabino de Arana y Goiri fundador del PNV- ni a tiros de cañón.
Y sin embargo, todas gozan y sufren con el mismo Estatuto: unos más y otros menos. De paso, las Diputaciones Forales, auténticas instituciones del régimen foral de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, no han sumado nuevas competencias a las que ya tenían desde tiempo inmemorial; no las han sumado desde que se aprobó el Estatuto de Guernica. Están por conseguir una mejora en su repertorio autonómico.
En ese sentido, pese a que la historia ha demostrado que las Diputaciones administraban muy bien -tanto entonces como ahora- y a menor coste, están soportando dos centralismos: el de Madrid y el de Lacua, donde tiene su sede el Gobierno Vasco. Administraban al céntimo, porque eran sobrias y no gastaban con la liberalidad de un Gobierno aspirante a que Euskadi sea un estado-nación. Este proyecto, no lo duden, resulta ser muy caro.
Visto esto que digo y otras cosas, de las que hablaré si me dejan y el tiempo no lo impide, me llevarán a extenderme en las ventajas que derivan de un régimen foral actualizado, al alcance de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos de todas las clases sociales; al fin,esta realidad solo supone defender los auténticos derechos históricos de los territorios forales, tal y como se recoge en la disposición adicional primera de la Constitución vigente.
Unos derechos que pueden basarse en los principios de proporcionalidad y subsidiariedad propios de un sistema democrático actual, justo, equitativo y deseable. Y cuando digo equitativo, hablo de la equidad íntimamente relacionada con la justicia.
Es decir, hablo de solidaridad para compensar a las autonomìas deficitarias en función de sus méritos. Lo justo y con las cuentas a cara vista.
¡Ya les diré! Porque lo de España desigual e injusta tiene remedio si se empieza por convenir, antes que exigir, un plan de cuentas claras.
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