En los días que corren (dic. 2014), el PSOE se manifiesta, con mucha frecuencia, como gran partidario de una reforma constitucional. ¿Para qué? Para solucionar el conflicto con Cataluña y con otras CC.AA, en las que se constata la existencia de un fuerte movimiento secesionista.
El PP no se muestra partidario de abrir ese melón, porque entiende que los independentistas catalanes (y los vascos, por ahora en situación expectante) no ven aliciente en reforma alguna que no conduzca a tener su propia Constitución, como naciones independientes que desean ser. ¿Está claro? Los independentistas catalanes y cientos de miles de sus seguidores lo dicen a diario en la confianza de que, siguiendo con la matraca, sus deseos se cumplirán en cosa de dos o tres años. Así que, ¿merece para ellos la pena otra prórroga después de que se han mojado hasta el tuétano y están tocando la deseada independencia?
Don Pedro Sánchez y otros ilusos no lo ven así y no se dan cuenta de que hoy -como en el 78 mientras no se demuestre lo contrario- la Constitución vigente, no fue sino el primer paso hacia la independencia de Cataluña y del País Vasco, y que, puesta a reformarse, será el paso definitivo para dársela bajo un disfraz leguleyo. Será, al fin, otorgar visos de legalidad al despiece de la nación española.
Detrás de Cataluña vendrá el País Vasco y todos aquellos territorios que monten la marimorena para no ser menos. Pero claro está, así como el gobierno de la II República, antes de la guerra, utilizó como argumento convincente un cañón situado expresamente ante el palacio de la Generalitat para evitar el desmadre, los actuales gobiernos sólo serán capaces de hacerlo cuando les llegue el turno a Castilla, o a Extremadura, o a Aragón, etc. porque, digan lo que quieran, todavía hay diferencias.
¿O piensan ustedes que esta reforma pretendida por el PSOE va a ser igual y con los mismos derechos para cada territorio histórico español?
¡Me juego la yema del otro!
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