Es público que la OCDE asumió la queja referida a la existencia de paraísos fiscales por el daño que causaban en las finanzas de algunos países. Es cierto que muy lentamente se tomaron por este organismo algunas medidas correctoras que con aparente dolor se aceptaron por las autoridades paradisiacas. ¡Pura cosmética! Ahora, estos paraísos se llaman "centros financieros off-shore".
La cosa ha seguido más o menos igual y, además, han aumentado las demarcaciones dadas a la práctica de mantener una baja tributación para aquellos -sociedades o particulares- que se animen a poner su confianza y a depositar sus dineros en tales paraísos.
En la Península Ibérica aparecen dos: Gibraltar y Andorra.
Como puede suponerse y a pesar de los pesares esto que decimos -y que puede comprobarse consultando la página correspondientes de INTERNET - no sucede por azar y las autoridades del ramo -en nuestro caso de España- lo saben a ciencia cierta.
Lo que resulta paradójico, a la par que perjudicial para todos los que constituyen las clases medias y bajas que cotizan puntualmente -y en especial los que no pueden burlar al fisco que mantiene bajo control todos sus ingresos por ser asalariados y que además pagan el impuesto principal mes a mes, con adelanto sobre otros contribuyentes- es que todo ese tinglado se mantenga en pie sin la protesta pública y multitudinaria que se merece.
Como también es sabido, la gran mayoría de las empresas que en la Bolsa española sirven para fijar el índice medio de las cotizaciones diarias, miren por donde, resultan ser clientes -por vía directa o indirecta- de algunos de estos paraísos fiscales.
Y mientras, la España que gobierna hace como que no se entera ante la que padece y sufre; ni se altera siquiera ante los que mas directamente soportan el desaguisado fiscal que les rodea, como son los habitantes de la zona deprimida que rodea Gibraltar.
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