Los políticos vocacionales -muy distintos a los de oficio- sabían desde que se aprobó la Constitución que los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, aceptarían el título VIII, referido al proceso autonómico, a sabiendas de que era un paso positivo que podía ayudar, y mucho, a conseguir su verdadera aspiración : la independencia.
Los constitucionalistas participaban de estos temores y el texto de varios artículos constitucionales así lo demuestra, puesto que señala el camino a seguir en el caso de que las Comunidades Autónomas se salieran de la ley; por cierto, algo posible.
Es un hecho comprobado que los incumplimientos en ambas autonomías - País Vasco y Cataluña- se han detectado y hasta denunciado; y es igualmente notorio que las autoridades centrales, por evitarse conflictos, han solido mirar para otro lado.
Se había llegado a una situación de choteo: los políticos más audaces del nacionalismo -no todos, claro está- le chuleaban al Gobierno y al prometer el cumplimiento de la Constitución, anteponían la muletilla de "por imperativo legal", que implícitamente indica su no acatamiento. ¿Qué pasó con estos innovadores? ¡Nada!. Lógico era advertirles que si no cumplían con la ley ellos mismos se descalificaban y perdían el escaño. Pero no sucedió así. Y no perdieron el escaño.
¿Motivos para haber descalificado a estos nacionalistas que se valían del sistema para ir contra el sistema y encima presumían de demócratas? Hasta decir basta.
¿Se aplicaban las leyes a estos políticos, algunos ocupando pestos de relieve? No.
Ahora, tal vez, ya lo veremos, parece que el Presidente del Gobierno se muestra firme.
Es el único camino. Primero se cumple la ley. Luego, si hay que cambiarla se cambia, con arreglo a las normas que ya existen. Y quienes no cumplan con esas leyes, han de encontrar la réplica justa prevista en las mismas.
Es la manera de funcionar en estricta democracia.
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