Se han reunido los Presidentes gubernamentales de las Comunidades Autónomas de España con los dignatarios del Gobierno nacional, creo que (un acto de fe por mi parte) para ponerse de acuerdo sobre el justo reparto de derechos y obligaciones, en beneficio de los contribuyentes que, por el momento, forman parte de la Nación. No asistieron catalanes ni vascos.
Parece ser que -por una vez- el conjunto de los reunidos dialogó y razonó: esto es lo que hay.
Vamos a ver cómo se reparte de una forma equitativa y justa lo que es de todos.
Es difícil; los españoles tendemos a tratar los asuntos económicos adobándolos con untos emotivos: los usos y costumbres, la fe religiosa o política, el idioma, la raza... etc., sin valorar que la vil moneda (o sea el interés económico al servicio de los seres humanos) es las que manda y no basta con tenerla: hay que multiplicarla si queremos vivir dignamente.
Es un hecho probado que allí donde el grupo, la colectividad, las gentes, tienen un alto índice formativo, se consigue y se termina por favorecer y elevar su poder económico y la realidad social. Saben que les conviene el acuerdo y les interesa concebir un reparto equitativo de lo posible, que no es lo mismo que un reparto igualitario que además es imposible.
Claro está: la madurez formativa exige el paso previo por buenas escuelas que, en España, no abundan, ni siquiera en Cataluña o en el País Vasco. Por eso, España es un país muy dependiente: se guía más por emociones que por intereses que, por cierto, también pueden ser nobles intereses.
Y si mal no recuerdo, por eso, en compañía de una deficiente enseñanza -en gran parte doctrinaria hasta las cachas- hemos sufrido y perdido una buena colección de guerras fratricidas en perjuicio de todos.
La vida mal administrada castiga sobre todo a los más inocentes.
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