El hecho de haber celebrado una segunda elección que no despeja la incógnita de quién vaya a gobernar en España en un inmediato futuro, después de seis meses de tanteos, es un fracaso del poder legislativo: la ley electoral es un estorbo cuando en lugar de resolver problemas, los crea o agrava los ya existentes. No se olvide que, al día de hoy, puede tenderse un puente para que el PSOE, perdedor, gobierne con el apoyo de los secesionistas.
Si unimos a esta realidad otra aún más grave que atañe a la definición de España, es para echarse a temblar. Estas elecciones en juego podrían ser definitivas, si afectaren al poder en liza de la izquierda populista, de modo que recaiga sobre ellos la competencia de decidir quién gobernará la Nación.
Añádase a esta realidad el hecho de que en España, por más que muchos no den su brazo a torcer, los territorios autonómicos son y serán desiguales. No hay que esforzarse gran cosa para comprender que Castilla la Mancha, no es como Galicia, ni la provincia de Teruel se parece a la de Cadiz. Territorio a territorio, tienen cada uno sus peculiaridades y sus circunstancias que los condicionan.
Se podrá decir que la igualdad entre Comunidades autónomas se refiere a su funcionamiento bajo las mismas obligaciones y al disfrute de los mismos derechos. Para empezar, esa igualdad ante la ley, ni existe ni existió, si no es sobre el papel que lo aguanta todo. Los que residimos en la provincia de Álava estamos acogidos como los vecinos de Vizcaya y de Guipúzcoa al mismo régimen estatutario y al mismo Concierto Económico con el Estado; pero los alaveses intuimos, vistas las inversiones reales, que Vizcaya, sobre todo, y Guipúzcua, después, salen más favorecidas con este régimen, que la provincia de Álava. (¡Cuidado! Hubo un tiempo, creo recordar que en el siglo XIX, en el que Álava, haciendo nùmeros, quiso renunciar al Concierto Económico, porque le convenía más acogerse al régimen común. Los vizcaínos, en pleno auge industrial, intervinieron para evitar -y lo consiguieron- la secesión alavesa).
No debemos confundir la igualdad (ante ley) con la equidad (disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece). Y esa falta de equidad, subyace en la conciencia de muchos españoles, no sólo de catalanes y vascos. Por ahí debería de empezar el cambio.
Hecha esta aclaración, se hace necesaria la práctica de una virtud: la solidaridad (adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros). No lo digo a humo de pajas.¡Adviertan el alcance del artículo segundo constitucional: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Hay dos ideas fundamentales, inalienables e inevitables según la Constitución vigente: la unidad y la solidaridad entre nacionalidades y regiones españolas. La unidad obliga a no dividirse y la solidaridad a prestar ayudas de adhesión circunstancial a quienes dentro de la Nación pudieran necesitarla. Y de estas materias, la mayoría de los políticos o son tolerantes o no tienen repajolera idea.
A cada territorio autonómico le interesa que mejore la calidad de vida de sus gentes. Pero parecen no ver que si la unidad de la nación cruje y la solidaridad se corrompe, todos pìerden y mucho más los más débiles, cualquiera que sea su lugar de residencia.
Y si esos hombres llamados políticos -unos por carta de más, otros de menos- no palpan esta realidad, es que no saben, ni se enteran, ni comprenden que el buen gobierno del género humano no es posible si se pierden los más sensatos equilibrios.
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