El único laborante de la empresa sería él y lo arregló todo de forma que no cobrando -ni dando a cobrar- salario alguno ahorraba una pasta. Arriesgaba al máximo, pero merecía la pena.
Su porvenir dependía de los resultados mercantiles, que liquidaría al cerrar el ejercicio con beneficios o pérdidas. La ventaja inmediata, por carambola, llegaba por medio del ahorro de papeles y gestiones. Como ya se sabe, el empresario autónomo no se libra de recaudar las retenciones a cuenta de los impuestos del personal, o las cuotas por prestaciones sociales de sus empleados y otras gabelas que le obligan a contratar los servicios de gestores que viven de eso.
Por esta razón quiso, el paisano, suprimir todo tipo de nóminas.
Pero la inspección pública del ramo, pensó que aquello era una trampa y por más que el laborioso paisano mostró datos y reglamentos le metieron una multa que, pagándola de antemano, podía ser recurrida. en tiempo y forma.
Es un ejemplo. Un pueblo -el español- que paga sus buenos y plagados impuestos, está condicionado por una compleja legalización autonómica de sus obligaciones. Y el "paro", si alguien lo resuelve, es con trampas.
Así está la cosa.
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