DIVAGACIONES DESDE VASCONIA IV

         GOBIERNOS DÉBILES. El Secretario General del PSOE, don Pedro Sánchez, anda por los cubículos de la política vendiendo un recurso mágico  que acabe con los quebraderos de cabeza con que nos machacan los insaciables independentistas: hacer de España un Estado Federal.

¿En qué consiste esta salida federada? No lo explica. ¿Qué  pasos habrá que dar para hacerse con tal federación? Tampoco lo expone.  ¿Qué piensan los independentistas catalanes y vascos ante tal propuesta? Nadie se arriesga a dar una mínima indicación.

          A mí, que soy de pueblo que, me la han dado con queso en tantas ocasiones, termino por no fiarme de las soluciones a problemas nacionalistas ni a las del sursum corda, ya que nunca se dan por satisfechos si no se salen con la suya.

          Una federación de Estados (podía ser un alianza de territorios autónomos) se  rige por un texto constitucional común en el que los territorios federados ceden parte de sus competencias en favor de la institución creada por la suma de todos ellos. Ese texto constitucional común -según modelos ya existentes- no lo preconizan los independentistas catalanes, ni lo desean los soberanistas vascos. Se consideran naciones soberanas. Esa es la cuestión.

          Sabino de Arana, fundador del PNV, lo expresó con toda claridad y nadie lo ha desmentido oficialmente. Arana dejó escrito: “El Nacionalismo aspira, como es sabido, a la independencia absoluta del Pueblo Vasco”.

          Los Nacionalistas no han perdido el hilo y, para tranquilidad de futuras generaciones, en el Estatuto Vasco vigente consiguieron que prosperara una disposición adicional, según la  cual su aprobación, la del Estatuto,  “no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de  su historia…” ¿Y cuáles son estos derechos? Los que dimanan de la absoluta independencia del Pueblo Vasco.

          El Pueblo Vasco casi tocó la independencia en 1936, reducidos sus territorios a la  provincia  de Vizcaya y poco más, cuando lograron el primer Estatuto de autonomía, llamado de Elgueta. Lo  interpretaron de forma tan libérrima como para crear su ejército, emitir moneda, mantener relaciones exteriores y ejercer otras competencias no autorizadas por el Poder central.

          ¿Quiere esto decir que los independentistas vascos no aceptarían más competencias de las que hoy tienen con una configuración estatutaria o federativa? No. Las aceptarían siempre que siguiera vigente la disposición adicional de “no renuncia a los derechos del  Pueblo Vasco”  según la historia. Esta cláusula ya figuraba en el texto elaborado por los nacionalistas vascos cuando pretendieron que Euskadi se convirtiera en Estado Asociado del  Reino de España (llamado Plan Ibarretxe);  dato que da idea  de la provisionalidad propuesta en dicho Plan. Es decir que seguirían luchando por su independencia, como ha sucedido después de contar con  Estatutos de autogobierno.

El Sr. Sánchez, pretendiente a la Presidencia del   Gobierno de España apoyado por el PSOE,  da a entender que las soluciones de complejos y viejos problemas están al cabo de la calle y basta  con un cambio de leyes, cuando en realidad los conflictos forjados sobre mitos e  ideales patrióticos son de  muy difícil abordaje.

          Lo cierto es que los nacionalismos independentistas tienden a radicalizarse tan pronto como los interesados  advierten que los Gobiernos centrales dan indicios o muestras de debilidad e impotencia. No hay gobernante más endeble que aquél que avisa  que su misión consiste en cumplir y hacer cumplir las leyes y se vale de argucias leguleyas para escurrir el bulto y no afrontar su obligación con diligencia. Ni la corrupción habría alcanzado las dimensiones que conocemos, ni el secesionismo actuaría con el descaro e insolencia que derrocha en la actualidad, si se hubieran cortado a tiempo (eso sí, con anestesia) los incumplimientos de obligaciones en ambos sectores.

El Código Penal y leyes concordantes para unos casos, y  en el artículo 155 de la Constitución vigente  para  otros, están para ser aplicados en su momento y no estaríamos como sucede, soportando un proceso vergonzoso y vergonzante si las autoridades competentes hubieran actuado con decisión y a tiempo.

Hay momentos en que la debilidad de los Gobiernos puede ser calificada de temeridad.