Supongamos que uno cualquiera es gibraltareño de origen y que reúne todas las condiciones para ser y sentirse británico. ¡Un chollo! El sujeto en cuestión podría tener su domicilio en España, valerse de los servicios costeados por los sufridos españoles y además presumir de haber sacado del paro a unos diez mil compadres y comadres andaluces que han de pasar la verja fronteriza para dar de comer a los suyos. ¡Que buenos estos llanitos!
Verán: un gibraltareño dueño de una sociedad anónima domiciliada en Gibraltar, adquiere a nombre de la sociedad, un magnífico edificio residencial en España, donde vivirá como un veraneante. Esa sociedad anónima, puede cambiar de dueño sin salir de Gibraltar; y sin que la Hacienda española toque pelota. Ni se entera. El titular gibraltareños (dueño del edificio) se libra del tributo a las plusvalías que nunca las podrá eludir el contribuyente andaluz por ser español.
Nadie hace cuentas -y si las hacen no se divulgan- para saber cuánto nos cuesta a los españoles mantener ese parásito paradiásico.
Nunca se ha visto que las injusticias que dimanan de un paraíso fiscal puedan arreglarse por vías democráticas. Cuentan que la Ex Reina regente, en nombre de su hija Isabel II, al regreso del exilio ya en España, le toleraron, que en la zona de Gibraltar diera facilidades al paso de contrabandistas previo pago de una tasa. ¿Como se las arreglaron los ingleses? Soltando la cartera para anular la "concesión".
Y ¿quién le impide a España dictar leyes válidas en su territorio para movilizar un conjunto de medidas prácticas, con nuestro propio sistema anti paraíso fiscal, haciéndoles la competencia a los roqueños?
¿O lo que es lícito para otras potencias, -caso del Reino Unido- no ha de valer para España?
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