A mi entender todo sistema democrático parte de un hecho comprobado hasta la saciedad: las opiniones del pueblo son tan diversas que se hace preciso racionalizarlas. Para eso aparecieron los políticos que después de clasificar las demandas se inclinaron por dar prioridad, unos a los problemas sociales -directamente- otros a los económicos, como medio idòneo para mejorar la situación social de las personas.
Para unos, lo primero y necesario es repartir con equidad y justicia lo que tenemos y algo más. Es decir que si hemos de endeudarnos no importa; ya pagarán la deuda futuras generaciones si nosotros no pudiéramos.
Para otros lo importante es crecer produciendo bienes y servicios que luego se venden y exportan.
El beneficio es el único bien susceptible de reparto. Cuando se acaba no hay más, a no ser que se siga produciendo y exportando.
Con este esquema estoy trazando unas líneas para que se entienda que son dos las corrientes que dominan en la actualidad la política española y que -sin olvidar otros problemas- estas tendencias se presentan como excluyentes: aquí el poder es del uno o es del otro. No valen términos medios.
La política no es un pretexto para el desahogo de las multitudes. La política democrática atiende a la solución de los problemas desde la razón y ésta obliga a pensar en la inmensa mayoría: en nuestro caso en la suma de opiniones manifestada electoralmente. En suma: lo más justo sería dar con una política de equilibrio, sobre todo en el problema socio económico.
Los políticos que dicen no de forma absoluta a cualquier propuesta racional, son unos títeres o, más exactamente, unos esclavos de sus prejuicios. Cierran el paso a toda razón con base en rencores personales o -lo que es peor- porque ven peligrar su propio beneficio derivado del poder que ostenta.
La situación personal de muchos políticos, niega la solución racional a muchos problemas en perjuicio de todos. Esos políticos suelen ser partidarios de la embestida para salirse con la suya.
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