La lealtad es una virtud muy difícil de localizar dentro del género humano, sobre todo si el aludido, bípedo implume, se dedica a la política al calor de la democracia y jura o promete, en un acto solemne, cumplir fielmente los dictados de una ley.
Sin meternos en profundidades discursivas, los pueblos de cada país y sus políticos -dentro del mundo civilizado- parecen estar de acuerdo en organizar su vida social con democracias representativas, para asegurarse de este modo la convivencia pacífica y la prosperidad. Ese "estar de acuerdo" exige la vigencia de un conjunto de leyes generadas desde una norma básica: la Constitución.
Todas las leyes se pueden mejorar y hasta suprimir por el cauce legal previsto. Así nace el acuerdo que obliga a todos, para posibilitar esa deseada convivencia, de cumplir las leyes democráticamente aprobadas.
Este principio básico es indiscutible y en el momento en que alguien no lo cumple se coloca fuera del régimen democrático y tiene su penalización legal que se hace efectiva por vía judicial y en su caso ejecutiva.
¿Qué valor tiene un juramento o promesa constitucional y que consecuencias tiene su incumplimiento? En España su valor es nulo y las consecuencias no aparecen. Esto a pesar de que se entienda que las leyes son de cumplimiento obligatorio del que no se excluye ni a los que recurren a su ignorancia.
Pero en España, pueblo difícil a todos los efectos, creen algunos que diciendo chorradas en un acto público de jura o promesa están libres de todo ejercicio de lealtad a unos principios. Han pasado a la historia los ritos solemnes de corte medieval (si cumples, que Dios te lo premie y si no, te lo demande). Ahora bien, ¿acaso al ridiculizar las formas se libran de toda penalización? Pues "sí" y "no". El "sí" lo estamos viviendo en Cataluña: parece estar legalizada la desobediencia constitucional; ni les pasa nada a quienes no cumplen con la Ley de leyes ni parece que les vaya a pasar. El "no" lo viven cada día millones de españoles de a pie, a nada que se descuiden por aparcar -por ejemplo- su coche en doble fila en caso de necesidad. Los que pagan culpas ajenas siempre son los mismos.
La verdad es que juramentos y promesas, en España sobran. Bastaría con informar a quienes fueran a desempeñar cualquier cargo público de lo siguiente: "La obligación que hoy asume, si no la cumple con rectitud, le puede llevar a la cárcel. Tome nota y le damos por enterado."
Si esto que aquí en España ocurre se llama democracia, las cascarrias son caireles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario