EL SILENCIO DE LOS MINISTROS

   España es un país maravilloso donde todos reclaman  sus derechos y nadie alude a sus deberes; como si éstos no existieran. Es tan maravilloso que, cuando cualquier indocumentado pisa el suelo español saltándose las vallas fronterizas,  marca con el índice y el corazón la V de victoria, como dando entender: "¡Por fin! ¡Ya soy alguien! !Ya tengo mis derechos!. ¡A ver quién se atreve aquí y ahora a tocarme un pelo!"
  Uno de estos derechos es la libertad de expresión, en virtud de la cual usted puede ciscarse en la madre que parió al más pintado, sin miedo alguno a ser denunciado por injurias; a no ser, claro está, que sea rentable denunciar  al presunto  en el  juzgado,  cosa que no siempre ocurre. Lo que quiero decir es que las leyes limitan la libertad de expresión, pero no el cualquier momento .
   Y en estas circunstancias sale un ministro que se dirige  a un  ciudadano, incumplidor nato y deudor del erario público,  al que le dice: "¡Ya  está bien!¡Va siendo hora de que pague usted a la hacienda pública esos cientos de miles de euros que ha defraudado!".
   Entonces salta el  "gurú" de turno por  la TV de moda, que sostiene: "Eso que ha hecho el ministro, es inmoral;  falta a la ética ministerial".  Y lo pone a parir.
   Por lo  visto hay una ley  no escrita que impone, frente a la libertad de expresión,  el silencio de los ministros. ¿O no existe esa ley?
   Pues bien, si no existe esa ley, ¿quién es nadie para limitar un derecho? Y si existiera  ¿no sería una estupenda noticia denunciar a un ministro por incumplimiento de una ley?
   ¡Ojalá dijera el  ministro del ramo, acogiéndose a la libertad de expresión,  cuáles son los negocios que hacen en Gibraltar las empresas del IBEX 35 -que sirven para fijar los índices de valoración en la Bolsa española- que tienen sociedades domiciliadas en ese paraíso fiscal. ¡Ese si que sería un magnífico regalo-servicio  para los contribuyentes españoles!
    Estoy en contra del silencio de los ministros. Pido que se regule su deber de informar a los ciudadanos españoles sobre los abusos hacendísticos de personas y sociedades.