ESPAÑA Y EUROPA

     Los tratados y normas de la  Unión Europea que regulan las relaciones entre sus  miembros, no constituyen una especie de repertorio o catálogo de materias competenciales, tal y como sucede con  la Constitución española y en cada Estatuto autonómico.

     En la Europa unida acordaron primero fijar unos criterios y unos principios de actuación y, luego, se tomaron las decisiones concretas, respetando al máximo lo acordado con cada miembro admitido a formar parte de la Unión.  

     La racionalidad sirvió de guía en ese proceso europeo. No en España, donde se cedieron a las CC.AA., competencias concretas. Y todo pudo ir bien si no fuera porque tanto los nacionalistas vascos como los catalanes, deseaban que sus enclaves autonómicos fueran naciones soberanas e independientes.
      No nos engañemos. Ambas CC.AA. aceptaron su respectivo régimen autonòmico como un pago a cuenta.  La tolerancia de los sucesivos Gobiernos de España, permitió que se desarrollaran de  hecho  las ansias independentistas y las subsiguientes demandas de más competencias, de más autonomía hasta hacer verosímil  la existencia de dos nuevas naciones emergentes con dotaciones y medios para funcionar por libre. 
     En la UE las transferencias son las que son y apenas si se discuten; pero no se tolera que se violen. En Europa se funciona con tres principios básicos: de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad. El funcionamiento está muy ligado a los resultados económicos y las infracciones se resuelven atajando el mal por la vía financiera y a cara de perro. 
    Algo totalmente opuesto a lo que ha venido sucediendo en  la España  de hoy. ¿Cómo se financia la UE? 
    Primero, con recursos propios que proceden de los derechos que gravan las importaciones de todos y cada uno de los Estados miembros. 
    Segundo, con un tipo uniforme aplicado a todos los ingresos procedentes del IVA. 
    Tercero, con un gravamen  aplicado a la Renta Nacional Bruta de cada Estado miembro.
    Una premisa que no falla es que a la UE le tiene cuenta que los Estados miembros lleven en orden sus finanzas. De esa buena marcha dependen sus ingresos. Vease el caso de Grecia.
    Si no cumplieren, a cada Estado miembro se le aplica la medicina que hemos palpado los españoles: cortes del gasto público y  aumento de la presión tributaria que la sufren más, los más débiles;  los españoles de las clases medias y bajas y,   en general, todos los asalariados y las personas que perdieron su puesto de trabajo. Una injusticia que habrá que desterrar si no queremos que el pueblo se subleve.
    No soy experto en la materia,  pero sí me siento con  el derecho a entender  dónde estamos y el absurdo comportamiento de nuestros políticos. Pues bien, si España no ejerce sus competencias y los secesionistas se pasan los años tomando el rábano competencial por las hojas, ¿para qué nos sirve la Constitución vigente?,
    Deduzcan ustedes a quién benefician las inventivas de unas alianzas  surgidas en la actualidad, (que pagaremos entre todos)  en beneficio de las ambiciones personales  de muchos  de nuestros políticos. 
    Ambiciones personales, insisto.
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