Para entendernos vamos a pensar en la Nación (pueblo soberano), como si fuera una empresa cuya finalidad es reunir aportaciones y ganancias, administrarlas con rigor y de esta forma procurar el bienestar de las personas y familias integrantes del conjunto nacional.
Vamos a pensar, a su vez, en que las instituciones y demás medios que sirven a los fines de esa empresa, son el Estado y que, como instrumento decisivo para el bienestar general, ha de cuidarse con mimo y han de evitarse los abusos y atender con sumo cuidado el manejo de tan decisivo aparato costeado entre todos los seres humanos que componen la Nación.
Todos estaremos de acuerdo en que, para llevar a buen fin los objetivos de esta empresa, puede y hasta debe existir una confrontación de pareceres, para una vez tomado un acuerdo -es decir, aprobada una ley- todos colaboren a la hora de aplikarla y cumplir sus dictados con eficiencia.
Recapitulemos: la Nación es una empresa con sus correspondientes objetivos recogidos en las Constitución y otras leyes y todos -especialmente los poderes reconocidos (legislativo, judicial y ejecutivo)- están obligados a colaborar entre ellos para conseguir que se cumplan en favor de comunidad nacional soberana.
A mí, me asombra lo mal que se llevan, la falta de respeto que cultivan entre ellos, el desprecio que se tienen, los insultos que se cruzan, y hasta cómo sus discursos los aplican para echarse en cara sus descuidos o negligencias y el odio mutuo permanente. Estoy hablando de los dignos representantes del poder legislativo, algo así como los rectores de la empresa que han de luchar unidos y colaborar por un fin común: el bienestar de sus administrados, de los españoles.
"Esto pasa en los mejores países...", te responden los noticieros más prestigiosos y mejor informados..
"Ya, ya: me hago cargo. Así de enmierdada esta la cosa".
No hay comentarios:
Publicar un comentario