Cuando se habla del derecho de igualdad ha de tenerse en cuenta que, se refiere al de cada persona, de cada ser humano. No se trata de igualdad colectiva de hecho, sino de un derecho.
Que todos seamos iguales ante la ley, significa que todos -damas y caballeros- uno a uno, tienen los mismos derechos y obligaciones.
En consecuencia con este planteamiento: "Nada en esta Declaración (Derechos Humanos-Naciones Unidas, núm. 30) podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración".
Después de leer el contenido de la Carta de los Derechos Humanos, y de constatar cómo se reconoce el derecho de toda persona a la enseñanza gratuita básica, vemos como también dispone: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
La Constitución española vigente, artículo 10-2 , impone: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España".
Henos aquí en España, dónde ese "derecho preferente" de los padres a elegir centro docente para sus hijos, está muy limitado. Henos, también de nuevo, con que muchos padres cambiarían a sus hijos de centro por razones justificadas, y no encuentran facilidades para ello.
Salen manifestaciones masivas pidiendo más igualdad colectiva y para ello exigen que toda la enseñanza sea pública o que, la privada deje de recibir subvenciones.
Los políticos agudizan el oído, piensan en los votos de las multitudes, se olvidan de los derechos individuales. No los conocen, tampoco parecen importarles: los ignoran.
¡Y a esto llaman democracia los palmeros de turno!
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